Roger Cabarcas Torres* | Director financiero UTB
El reciente incremento del salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, superior al 23% para 2026, constituye una de las decisiones más ambiciosas de los últimos años en materia de política laboral. No obstante, cuando esta medida se cruza con la directriz del Ministerio de Educación Nacional de limitar el aumento de las matrículas universitarias privadas al IPC anual a octubre de 2025 (5,51%), surge una tensión estructural que merece una reflexión profunda sobre la sostenibilidad de la educación superior privada.
El principal activo de las universidades es el capital humano, representando una proporción significativa en los costos de operación, y aunque la mayoría del personal no devenga el salario mínimo, el incremento del piso salarial ejerce un efecto dominó sobre toda la estructura de remuneraciones, obligando a hacer ajustes preservando la equidad interna y la competitividad frente al mercado laboral.
El verdadero problema no es el aumento del salario mínimo en sí mismo, sino el desfase que se genera entre el crecimiento de los costos y la restricción sobre los ingresos. Mientras los costos laborales crecerán con una tasa promedio del 23%, los ingresos por matrículas solo podrán ajustarse en un rango entre 5,5% y 9,0%, desbalance que compromete seriamente la estabilidad financiera de muchas universidades privadas.
Las alternativas que tienen las universidades son limitadas y poco deseables. Algunas optarán por congelar contrataciones, aumentar la carga docente o reducir inversiones en investigación, infraestructura y bienestar universitario, incluso se verán obligadas a reducir becas y/o apoyos financieros, afectando directamente el acceso y la permanencia estudiantil.
Se requiere un diálogo reflexivo y profundo entre el Gobierno, las universidades y los actores del sistema educativo para revisar los criterios de ajuste de matrículas, considerar esquemas transitorios de alivio financiero y fortalecer los mecanismos de becas y crédito educativo a largo plazo, debido a que los principales afectados serán los más de 1,2 millones de alumnos matriculados en universidades privadas en el país.
La sostenibilidad de la educación superior es un asunto de interés público, comprometerla implica afectar la formación de capital humano, la investigación y la innovación, elementos esenciales para el desarrollo regional y nacional. El aumento del salario mínimo y la regulación de las matrículas no deben entenderse como decisiones aisladas, sino como políticas que exigen coherencia, gradualidad y diálogo.
Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB ni a sus directivos.
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