Por: Adriana Sofía Raciny Soto, Ingeniera Ambiental, practicante de Infraestructura y Ambiente UTB.
Claudia Patricia Díaz Mendoza, Magíster en Gestión y Auditoría Ambiental, Ingeniera Civil, candidata a Doctora en Ingeniería – Universidad de Cartagena, Directora de Programa Ingeniería Civil y Ambiental de la UTB.
El conflicto en Colombia está marcado en los años sesenta, pero sus inicios de tensión se ubican en la década de 1940 donde los acontecimientos de la época concibieron al surgimiento y aparición de guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares (Ríos, 2017, como se citó en Niño, 2017; Yafe 2011), en controversia por la ausencia de espacios para la libre participación política y la segregación socioeconómica, ocasionando no solo, miles de víctimas humanas, sino grandes áreas de terreno arrasadas las cuales conforman importantes ecosistemas de inmensa biodiversidad para el país.
Las zonas más deforestadas tienen una estrecha relación con el conflicto armado, pues la presencia de grupos al margen de la ley en áreas donde es casi inexistente la incidencia de las fuerzas militares de Colombia, es un motor para ejercer presión y desplazamientos masivos con el fin de proclamar su poder e instaurar bases de control en las extensas porciones del territorio de las cuales muchas son fértiles y poseedoras de riquezas naturales (Morales, 2017), dejando a su paso un alto costo ambiental provocado por la deforestación, minería ilegal y derrames de petróleo (Pedraza y Guerra, 2019).
Por esta razón es necesario conocer el efecto de las guerras y conflictos armados sobre el medio ambiente en el territorio colombiano para analizar sus repercusiones e impacto.
Desarrollo y discusión
Colombia es considerado uno de los países con mayor biodiversidad, gracias a su geografía, topografía y geología (Leguizamón et al., 2003). Sin embargo, esta riqueza ha sido víctima de los enfrentamientos y atentados por parte de las fuerzas ilegales.
Las actividades que llevan a cabo los grupos armados son producto de la necesidad de financiación del conflicto; ejemplo de esto son los cultivos de coca que acarrea a efectos negativos en el ambiente, ya que provoca daños en el suelo al acabar con la biodiversidad (Pedraza y Guerra, 2019). La minería ilegal como la extracción de oro también genera gran impacto, debido al uso de mercurio el cual tiende a bio-acumularse afectando incluso a los seres vivos (Marrugo et al., 2008), y también es absorbido por el suelo lo que implica una posible contaminación en las fuentes de agua (Bustamante et al., 2016).
Los ataques de las guerrillas y paramilitares a oleoductos es sin duda otro gestor de daños ambientales, ya que contamina los suelos alterando el crecimiento vegetal (Riviera et al. 2005) y los recursos hídricos, provocando perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos (Zamora et al, 2012), además de pérdidas de fauna y flora.
Por otra parte, las cifras del daño colateral que han sufrido los diferentes ecosistemas en Colombia son alarmantes, pues según datos informados por el director Simón Gaviria del Departamento Nacional de Planeación [DNP], 3 millones de hectáreas de bosque se han deforestado en municipios de conflicto correspondiente a la misma área de Bélgica, 1.300 millones de toneladas de CO2 se han emitido equivalente al 13% de las emisiones de China, el 60% de las fuentes hídricas están afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de petróleo, 1,5 millones de hectáreas de suelo degradadas tardarán mínimo 20 años en recuperarse (DNP, 2016) y 4,1 millones de barriles de petróleo han sido derramados en los últimos 35 años afectando los distintos recursos naturales (Asociación Colombiana del Petróleo, 2015).
Ante esta realidad, Colombia necesita un respiro de los ataques que se han efectuado por tantas décadas y se siguen dando. Es evidente que las secuelas que han quedado son incalculables y establecer una forma de reparación y restauración es imprescindible por parte del Estado Colombiano, pues son los recursos naturales las víctimas silenciosas de los conflictos socioambientales, ya que su deterioro y explotación tienen lugar en el área de influencia de dichos enfrentamientos.
Las zonas de mayor biodiversidad y patrimonio natural del país concuerdan en gran medida con las zonas de conflicto causando cuantiosos daños ambientales en los distintos ámbitos: agua, suelo, aire, flora o fauna, sobre todo para sus solvencias económica mediante actos catastróficos como la minería ilegal, la tala, la siembra de coca o el tráfico de especies.
Hoy más que nunca Colombia precisa acuerdos y políticas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el N° 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ya que los conflictos y el acceso limitado a la justicia constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible, y esto a su vez repercute al aumento del costo ambiental por parte de los enfrentamientos de actores al margen de la ley.
Referencias bibliográficas
Asociación Colombiana del Petróleo. (2015). Informe de Desempeño Ambiental. Bogotá [archivo PDF]. Recuperado de https://acp.com.co/web2017/images/pdf/publicaciones_e_informes/informe_ambiental/IGA%202016_WEB.pdf
Bustamante, N., Danoucaras, N., McIntyre, N., Díaz, J., y Restrepo, O. (2016, enero 21). Revisión sobre mejora de la gestión del agua en la minería informal de oro en Colombia. Redin, (79), pp. 174-184. DOI: 10.17533/udea.redin.n79a16
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